El parque automotriz de Panamá se sitúa en 1,221,999 vehículos inscritos, de acuerdo a la Dirección Nacional del Registro Único de Vehículos Motorizados (RUVM) de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Las estadísticas dan cuenta de la cantidad de vehículos motorizados en circulación hasta el 9 de noviembre de 2016.

El informe del RUVM de la ATTT destaca que el parque vehicular en la provincia de Panamá y Panamá Oeste llegó a 925,143 vehículos inscritos, lo que corresponde a un 75.7 % del total nacional, seguido de Chiriquí con 119,174 automóviles registrados (9.7%) y Colón con 46,652 para un 3.8%. 

Según el reporte, el parque automotor en la provincia de Veraguas creció hasta ubicarse en un 3.0% y llegando a 36,661  vehículos inscritos.

Mientras que la cantidad de vehículos motorizados en circulación en la Provincia de Herrera, aumentó a 30,921 unidades, un 2.5%; en Coclé refleja 30,242 automóviles (2.4%) y Los Santos 27,363 unidades (2.2%).

El resto del parque vehicular lo completa Bocas del Toro con 5,143 vehículos (0.4%) y Darién donde alcanzó 699 unidades registradas (0.06%).

La Dirección Nacional de Registro Único de Vehículos Motorizados de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre tiene entre sus funciones inscribir la propiedad de todos los vehículos a motor y unidades de arrastre que circulan por caminos, calles o vías particulares destinadas al uso público en todo el territorio nacional.

La inscripción de un vehículo a motor o de unidad de arrastre en el RUVM de la ATTT, confiere propiedad al titular del mismo.

La inscripción incluye la descripción de sus propietarios y la asignación de una numeración que es única, permanente e invariable que será su número de identificación y distinción que deberá ser impreso tanto en el RUVM como en la placa única de circulación.  

De  igual forma, se encarga de inscribir las trasmisiones de dominio de los vehículos inscritos, así como los gravámenes, prohibiciones, secuestros y demás medidas que los afecten sujetándose a las normas que el derecho común establece para bienes inmuebles.